By Andrea Meneses Oviedo 
CHARLAS DE TABERNA POR: Marcos H.Valerio
En un anuncio que sacude los cimientos de la política mexicana, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, revelaron la acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios del estado.
Según el documento judicial, Rocha Moya y sus colaboradores presuntamente formaron parte de una conspiración para importar a Estados Unidos cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, a cambio de sobornos millonarios y protección institucional. La acusación los vincula directamente con la facción de “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la disputa interna del Cártel de Sinaloa.
Entre los imputados figuran:
- Enrique Inzunza Cáceres
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Saavedra (vicefiscal general de Sinaloa)
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Alberto Jorge Contreras Núñez
- Gerardo Mérida Sánchez
- José Antonio Dionisio Hipólito
- Juan de Dios Gámez Mendívil (alcalde de Culiacán)
- Juan Valenzuela Millán (comandante de la Policía Municipal de Culiacán)
La acusación pinta un panorama grave: Los funcionarios habrían abusado de sus cargos para filtrar información sensible de operativos militares y policiales, proteger cargamentos de droga, escoltar actividades criminales y garantizar impunidad al cártel.
DESTACAN DETALLES EXPLOSIVOS:
- Dámaso Castro Saavedra habría recibido 11 mil dólares mensuales por alertar al cártel sobre investigaciones en su contra.
- Juan Valenzuela Millán, según los fiscales, percibía 1.600 dólares al mes y además enfrentaría cargos adicionales por el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar suyo en octubre de 2023.
- Se menciona que la llegada de Rocha Moya a la gubernatura en 2021 estuvo presuntamente marcada por el secuestro e intimidación de rivales políticos orquestada por la organización criminal, a quien luego habría prometido protección a cambio de apoyo.
Asimismo, el fiscal Jay Clayton fue contundente: “El Cártel de Sinaloa no operaría con tanto éxito sin el apoyo de políticos y agentes de la ley corruptos”. Por su parte, el titular de la DEA calificó a la organización como “una entidad terrorista que socavó las instituciones públicas”.
El caso fue asignado a la jueza de distrito Katherine Polk Failla. Todos los acusados residen en México, por lo que Estados Unidos ya solicitó detención provisional con fines de extradición.
RESPUESTA DE FGR
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que México fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes estadounidenses. La Fiscalía analizará la documentación para determinar si existen elementos probatorios suficientes bajo la ley mexicana para proceder con órdenes de aprehensión y, eventualmente, con la extradición.
Lara López enfatizó que la solicitud estadounidense no incluye, por ahora, elementos probatorios contundentes según los estándares mexicanos, y recordó la obligación de manejar la información con reserva, tal como lo pidieron las propias autoridades de EE.UU. Para el caso del gobernador, se requeriría además un juicio de procedencia para retirar la inmunidad.
SACUDIDA SIN PRECEDENTES
Esta acusación representa uno de los golpes más directos de Estados Unidos contra un funcionario mexicano en ejercicio de tan alto nivel. Rubén Rocha Moya, postulado y respaldado por MORENA, se convierte en el gobernador más relevante del partido oficialista señalado formalmente por narcotráfico en territorio estadounidense.
Más allá del proceso judicial —que apenas comienza y deberá respetar las garantías y la soberanía—, el caso expone la profundidad de la penetración del crimen organizado en las instituciones de uno de los estados más estratégicos para el narcotráfico.
La bomba ha estallado. Ahora corresponde a las autoridades mexicanas demostrar que el Estado de Derecho funciona más allá de las fronteras y de los colores partidistas.